Nueva dirección del blog "Derecho, sociedad y medioambiente"
Desde octubre de 2010, este blog continúa en "Derecho, sociedad y medioambiente".
Derecho a saber. El derecho de acceso a la información
Derecho a saber. El derecho de acceso a la información
El acceso a la información eficaz es un derecho que permite avanzar en una auténtica democracia avanzada, más allá de discursos sin justificación que no se corresponden con la dinámica de la administración opaca y, en ocasiones arbitraria.
Desde 1995 se está batallando el acceso a la información ambiental (siempre a remolque de la normativa de la UE) porque no es fácil hacer cumplir un derecho tan esencial y tan evidente jurídicamente como ese.
Si en el ámbito medioambiental, por lo menos hay una ley que lo permite (Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), fuera de esta materia ni siquiera se encuentra reconocido este derecho.
El derecho a saber, a conocer, a estar más informados, en definitiva a tener una opinión mejor formada sobre los asuntos públicos debe ser generalizada.
La Coalición Proacceso ha definido los nueve principios esenciales que deberían recogerse en una futura ley española de acceso a la información:
Los 9 principios
1. El derecho a la información es un derecho de todas y todos
2. El derecho se aplica a todas las entidades públicas
3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito
4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes
5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción
6. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas
7. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas
8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud
9. El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa puedes consultar los siguientes websites:
http://proacceso.wordpress.com/category/informes/
http://transparespana.wordpress.com/
Sir David Attenborough. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias sociales
Hace un par de días cuando escuché las personas e instituciones galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias me llenó de emoción, debo decirlo, el escuchar que entre ellos se encontraba. Sir David Attenborough. Desde pequeño he disfrutado con sus documentales y con su pasión por reflejar los mil y un mecanismos de la naturaleza para sobrevivir.
Aquí tenéis un extracto del discurso del Príncipe de Asturias sobre justificación de la concesión del Premio de Ciencias sociales.
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El naturalista británico Sir David Attenborough, uno de los más prestigiosos y universalmente conocidos especialistas en ciencias de la naturaleza, ha sido galardonado con el Premio de Ciencias Sociales. Junto a él podemos alegrarnos de que, afortunadamente, cada día somos más conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente, de poner freno al deterioro y a los peligros que amenazan nuestro planeta, de luchar contra el cambio climático.
David Attenborough, entre otras muchas cosas, es presidente de la Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza y miembro de la Royal Society de Londres. Ha trabajado siempre para difundir sus conocimientos de manera que fueran no sólo un maravilloso regalo para la vista, sino también un estímulo para despertar las conciencias de los millones de personas a las que alcanza con su mensaje; que no es otro que conocer y aprender sobre la naturaleza que nos sustenta para así respetarla y cuidarla. Detrás de su profesionalidad vibra esa hermosa lección del fin educativo de su trabajo y de sus obras.
Con pasión inagotable, ha mantenido vivo su amor por la naturaleza desde la infancia, cuando coleccionaba fósiles, insectos y plantas, y que, ya adulto, ha sabido transmitir a todos los públicos con tanto entusiasmo como sabiduría. Pensemos, por ejemplo, que algunas de sus series televisivas, como la tan reconocida “Life on Earth”, han sido vistas por más de 500 millones de personas de todo el mundo. De igual modo, con su tarea en la organización World Land Trusts ha promovido la protección de miles de kilómetros cuadrados de gran riqueza biológica en varios países del Trópico.
Su obra, siempre contagia emoción, admiración y asombro ante la maravillosa diversidad de la Tierra y de sus culturas. Sus programas en los medios de comunicación más importantes del mundo son, en definitiva, ejemplos de inteligente creatividad y de modestia, ante la pretensión de conocer y abarcar la complejidad de la vida. Son una lección de humildad contra la arrogancia, el engreimiento intelectual y el fanatismo de todo tipo.
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[Noticia] Bruselas expedienta a España por la extrema degradación de Daimiel
Bruselas expedienta a España por la extrema degradación de Daimiel
EL PAIS Jueves, 22/10/2009
La Comisión Europea ha abierto un expediente de oficio contra España por la degradación de las Tablas de Daimiel, según confirmó la Comisión Europea y fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno tiene 10 semanas para explicar cómo un humedal protegido por la UE lleva cinco años seco y cómo es posible que decenas de miles de pozos, buena parte de ellos ilegales, hayan agostado las lagunas. La UE se une así a la Unesco, que ya planea quitarle su protección a La Mancha Húmeda. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, no quita hierro a la situación del parque: "Estamos a punto de perder las Tablas de Daimiel", reconoció ayer en un acto público.
El pasado miércoles, día 14, la Comisión aceleró la queja de oficio que prepara desde hace meses contra España. Los representantes de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario se encontraban en Madrid para la llamada reunión paquete, en la que repasan con el Gobierno y los ecologistas todos los procedimientos de infracción abiertos. El orden del día no incluía Daimiel, pero ante la publicación en EL PAÍS del incendio de turba incontrolable y la alerta de los responsables del parque, el jefe de infracciones de la UE, el español Julio García Burgués, comunicó que ese mismo día había abierto la queja.
La situación era insostenible y no podía esperar a que las asociaciones ecologistas le enviasen el informe con la situación de las Tablas. La carta enviada a España es el paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción. La Comisión abre así un proceso que puede durar años, pero que puede terminar ante el Tribunal de Luxemburgo y con una multa. Pero, sobre todo, saca los colores a los responsables de un desastre ecológico que comenzó hace casi 40 años. España tiene procesos similares abiertos por la mala calidad del agua de los ríos, las minas a cielo abierto en espacios protegidos de León o la contaminación en Huelva.
Bruselas investiga si se ha incumplido la Directiva de Hábitats, de 1992, que establece que los países "adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies". Las Tablas son Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves de la UE.
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MORDAZAS ECONÓMICAS A LA DEFENSA AMBIENTAL
MORDAZAS ECONÓMICAS A LA DEFENSA AMBIENTAL
La semana pasada el Tribunal Supremo ratificó una condena en costas a los grupos ecologistas que se había querellado contra diferentes administraciones y empresarios por el nefasto estado del río Segura.
En esa misma fecha, un compañero nos remitía la noticia de que la Junta de Castilla-León era partidaria de solicitar responsabilidad económica si las denuncias que se había presentado ante supuestas irregularidades de varias autorizaciones ambientales de varios parques eólicos en la provincia de León. (http://www.diariode leon.es/noticias /noticia. asp?pkid= 480898)
Estas dos noticias, sobre todo la primera, por tener mayor trascendencia jurídica, nos debe hacer reflexionar sobre la difícil situación en el que las organizaciones ecologistas y ambientalistas y ciudadanía concienciada debe desarrollar su legítima crítica.
La sentencia nos obliga a reconsiderar la estrategia en los procesos penales, pero parte de un conflicto entre el concepto tradicional de acusación particular y el de acusación popular, amparada no en un interés espurio, sino en el de la actual concepción de un verdadero interés público defendido por grupos de ciudadanos organizados.
¿Hacia dónde nos aboca la generalización de cargas económicas para poder defender las agresiones medioambientales?. Recuérdese la fianza solicitada a los grupos ecologistas para suspender la construcción de la M-501, amparada una sentencia anulatoria de la construcción). Sin duda habrá un mayor esfuerzo para impedir que estas cuestiones procesales se conviertan en una mordaza que impida la crítica constructiva ante unas instituciones o políticas que a todos nos perjudica.
III JORNADAS “La Nueva Política Europea de Aguas" - Fundación Nueva Cultura del Agua
III JORNADAS “La Nueva Política Europea de Aguas" - Fundación Nueva Cultura del Agua
El pasado 2 y 3 de Octubre de 2009 la Fundación Nueva Cultura del Agua organizó en Madrid las
III JORNADAS “La Nueva Política Europea de Aguas: claves para la participación ciudadana efectiva en la implementación de la Directiva Marco del Agua en España”
Podéis encontrar las presentaciones en la siguiente dirección:
¿La desecación del Sil está amparada por la Ley?
¿La desecación del Sil está amparada por la Ley?
Desde este verano, ha surgido el debate sobre el alcance de las concesiones se pueden perjudicar el propio dominio público que utilizan límites que las concesiones para utilización del agua, todo ello con el beneplácito de las difentes Administraciones.
Se trascriben dos noticias sobre la desecación del Río Sil que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que las normas (incluidas las concesiones) se interpreten en la realidad social del tiempo en la que se han de ser aplicadas (art. 3.1 Código civil) y en que la ley no ampara el abusos dederecho o el ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 Cc.).
Aquí van esas dos noticias para conocer con más profundidad los hechos.
IBERDROLA HORADA EL CAÑÓN DEL SIL PARA EXPORTAR ENERGÍA A PORTUGAL
La eléctrica suministrará al país luso con dos centrales en plena Red Natura
J. RODRÍGUEZ - A Coruña - 05/10/2009
Iberdrola apuntalará su posición en el mercado eléctrico portugués desde los polémicos aprovechamientos hidroeléctricos que levanta en la cuenca del Sil, una zona protegida por su alto valor ambiental. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán tiene entre sus planes el suministro de energía al país vecino desde Galicia a partir de 2012, cuando está previsto que finalice la construcción de las centrales de Santo Estevo II y San Pedro II, que aumentarán su capacidad en algo más de 200 megavatios, sobre los 340 megavatios que disponen hoy ambas instalaciones.
La compañía vasca aprovechará la ampliación de la interconexión con Portugal que realiza Red Eléctrica, que también prevé finalizar su ejecución en dichos años. Este trasvase se mantendrá al menos hasta 2018, cuando entre en funcionamiento el macroproyecto hidráulico que Iberdrola levanta en el Alto Támega, en la Cuenca del Duero, cerca de la localidad lusa de Chaves, uno de los de mayor dimensión de Europa, y con capacidad para suministrar a un millón de habitantes.
"Una vez entren en funcionamiento de los nuevos saltos del Sil", señalan fuentes de Iberdrola, "se abordará la evacuación de la electricidad con la referencia del mercado portugués, ya que la planificación energética actual establece la integración práctica de ambos países en cuanto a la distribución de electricidad". "Esta posibilidad queda reforzada", explican, "si tenemos en cuenta que la central del Alto Támega no estará lista hasta el 2018". Sin embargo, matizan que resulta difícil avanzar cálculos exactos sobre "lo que vaya a ocurrir con la electricidad que se genere en las presas del Sil, ya que a futuro su venta también dependerá del mercado y de cómo esté la demanda en cada momento y lugar". Cuando en enero presentó el proyecto luso, Iberdrola señaló que "dada la ubicación de esta nueva infraestructura, a escasa distancia de Galicia, donde está previsto reforzar las interconexiones eléctricas entre España y Portugal, y próxima a los aprovechamientos españoles de Duero y el Sil, esperamos optimizar sus costes de explotación", esbozando así un esquema de operación conjunta de toda su infraestructura luso-galaica.
El proyecto industrial de la compañía en el país vecino prevé destinar, entre 2012 y 2018, alrededor de 1.700 millones de euros para construir cuatro nuevas presas (Gouvães, Padroselos, Alto Támega y Daivões), que podrá explotar durante un periodo de 65 años. Estas nuevas centrales, las dos primeras de bombeo (900 megavatios) y las otras dos de turbinación pura (234), serán capaces de producir unos 2.000 gigavatios hora al año, cifra que representa el 3% del consumo eléctrico portugués y que será suficiente para atender el consumo anual de aproximadamente un millón de personas.
Iberdrola es ya la primera compañía española del mercado liberalizado portugués de electricidad por número de clientes y el segundo operador comercial del país, sólo por detrás de la lusa EDP. La nueva conexión a 400 kilovoltios con Portugal, entre Cartelle-Lindoso, que levanta Red Eléctrica, y que servirá de puente para reforzar la interconexión energética, deberá estar en marcha en 2013. "Con el proyecto del Alto Támega en el horizonte y la integración del mercado ibérico de la electricidad, nuestros técnicos consideran que sería muy probable que a futuro sea Portugal el que suministrase electricidad al mercado español y no al revés", dicen fuentes de Iberdrola. "Con los desarrollos de bombeo que se van a hacer en Portugal", explican, "es probable que se convierta en clave para suplir la inestabilidad de la energía eólica que se va a desarrollar en España y especialmente en Galicia".
IBERDROLA SECA UN TRAMO DEL RÍO SIL PARA AMPLIAR UNA CENTRAL HIDRÁULICA
El retraso de la Xunta en regular la Red Natura permite ejecutar las obras
CRISTINA HUETE - Ourense - 16/07/2009
Galicia es territorio sin ley para el uso de los Lugares de Interés Comunitario (LIC). La Red Natura 2000, el circuito ecológico europeo de las áreas naturales que deben protegerse del impacto adverso que causan las actividades humanas, no es más que teoría en esta comunidad. La Xunta aún no ha aprobado, pese a que tiene de plazo hasta fin de año, la Lei de Uso de los LIC a la que está obligada por la Unión Europea desde 2004. La ausencia de legislación supone dejar las manos libres al impacto que provocan las empresas que operan en espacios teóricamente protegidos.
El Canón do Sil es un LIC incluido en el listado que España envió a Bruselas de sus lugares protegidos de Red Natura. Pero la empresa Iberdrola que construye la nueva central de Santo Estevo II (una ampliación en caverna de la de Santo Estevo I, aguas del Sil abajo) ha secado el río a lo largo de un kilómetro para poder construir sin el estorbo de la corriente, ha colocado encima los camiones y ha volcado en el entorno los escombros mediante un incesante y ruidoso trajín de camiones. Todo ello sin incumplir ley alguna, según el ministerio.
Sencillamente, en Galicia no se aprobó el plan de conservación de uso de los lugares protegidos y el Ministerio de Medio Ambiente autorizó, ya que no constaba prohibición ni reparo de la Xunta, la construcción de la nueva central hidroeléctrica. En el BOE del 8 de julio de 2008 consta el permiso del ministerio a la vista de que no habrá apenas afección. "No se prevén riesgos para la ictiofauna en el desagüe ya que éste se plantea completamente sumergido, permanentemente inundado y comunicado con el embalse de San Pedro", señala respecto a los impactos en la fauna acuícola. Sobre la terrestre, se prestará "especial atención" a los quirópteros (murciélagos).
La orden comunitaria que exige la regulación del uso de los lugares protegidos es de 2004. Pero ni el Gobierno de Fraga hizo nada, ni el bipartito, que la redactó, consiguió aprobarla. "No dio tiempo; declaramos las zonas de especial conservación, cerca de 60, e intentamos redactar un plan director que las englobara para no ir una por una, pero no dio tiempo a aprobarlo", reconocen técnicos de la Consellería de Medio Ambiente que presidía el socialista Manuel Vázquez. El departamento que preside ahora el popular Agustín Hernández tampoco se ha interesado por aprobarlo pese a que se agota el plazo.
"Somos únicos en el incumplimiento de las normas que nos protegen", señala el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, que ayer registró un escrito en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil denunciando "atentado medioambiental" por parte de Iberdrola en el Canón do Sil y "tolerancia" de las administraciones". Bouza alude al agravante de que el entorno está protegido bajo catalogación de LIC, aunque no haya ley que lo ampare. "Pero al menos que vigilen, porque con esas obras se están cargando el hábitat; no hay que ser técnico, basta con verlo para advertir que lo destrozaron", protesta el senador.
Los técnicos de la Confederación Hidrográfica le corrigen. Aseguran que hay vigilancia medioambiental a cargo de la propia empresa. "Iberdrola se comprometió a realizar mediciones de los parámetros y hasta ahora dan todos bien", sostiene el técnico Agustín Sevilla, "hasta el momento no ha habido mortandad de peces y mañana [por hoy] finalizan las obras".
El Ministerio de Medio Ambiente no detecta delito ambiental, pero Bouza rechaza las explicaciones. "¿Cómo no van a morir los peces si secaron un tramo del río?", argumenta, y advierte que acudirá a la Fiscalía si el lunes la Confederación Hidrográfica y la Xunta no ponen fin "a este escándalo y falta de responsabilidad". Bouza ha registrado una pregunta en el Senado reclamando la paralización cautelar del proyecto. El senador se hace eco de declaraciones de ecologistas, vecinos y ayuntamientos según las cuales "no se sometió a información pública" y la empresa "empezó las obras antes de tener autorización".
Tarde y mal. El gobierno de Canarias no aclara la gestión de la Red Natura.
Tarde y mal. El gobierno de Canarias no aclara la gestión de la Red Natura.
De las regiones biogeográficas españolas la región macaronésica fue la primera en la que se designaron por la Comisión Europea los Lugares de Interés Comunitario. Desde la publicación de esta decisión, los Estados miembros tenían de plazo 6 años para designar los lugares como Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Además tiene la obligación de fijar las prioridades en función de la importancia de los lugares, estado de conservación, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellos (art. 4.4 D. 92/43).
Desde la Decisión 2002/11/CE, de 28 de diciembre de 2001 ya ha transcurrido más que sobradamente el plazo de los cinco años para la designación de ZECs y en su cumplimiento, el Gobierno de Canarias ha elaborado este Proyecto de Decreto.
En sus dos artículos, se limitan a designar el anexo como Zonas de Especial Conservación y a declarar que deberá elaborarse un “Plan de Actuación”, como norma específica para el correspondiente espacio, cuando para el mantenimiento de los hábitats y especies de éste en un estado de conservación favorable, no resulten suficientes las medidas de conservación contenidas en los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos.
La verdad es que después de todo el tiempo transcurrido, el proyecto de Decreto es parco y no arroja mayor claridad sobre cuáles son las medidas de gestión de la Red Natura. El limbo en el que se encuentra la Red Natura en Canarias, como en todas aquellas Comunidades Autónomas que no han contemplado las figuras ZEPA y ZEC en sus normas con rango de ley, se acrecienta.
Después de todo este tiempo Canarias debería conocer si los planes de conservación de los Espacios Naturales Protegidos son realmente adecuados a los objetivos de conservación de las ZECs. Pero es que también debería ya conocer qué va a suceder con aquellos lugares que son continuación de aquellos en los que ya existen planes (importante desde el punto de vista organizativo) y de aquellos que no son contiguos a ENPs. Nada se dice de obligaciones temporales, y mucho menos de las priorización que exige el art. 4.4 D. 92/43.
Como dice la nota de prensa de WWF “mientras Portugal está actualmente redactando planes de gestión, Canarias sigue intentando declarar estos espacios protegidos como ZEC sin planes específicos bajo la excusa de que la mayoría de estos espacios ya se gestionan bajo otras figuras de protección como parques naturales.
La falta de implicación del Gobierno de Canarias y del resto de comunidades autónomas en conservación de la biodiversidad, a través de la aprobación de los planes de gestión de
Fuente principal: http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/noticias_de_especies.cfm?11020/WWF-denuncia-que-la-red-Natura-2000-sigue-sin-planes-de-gestion
Borrador de Decreto sometido a información pública:
Problemas en el seguimiento del estado de conservación en la Red Natura. Al hilo del
Problemas en el seguimiento del estado de conservación en la Red Natura. Al hilo del Primer informe de seguimiento de la Directiva 92/43.
A finales de agosto se publicó el primer informe de seguimiento de la Directiva 92/43, formalmente Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo. “Informe de síntesis sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats” (COM(2009) 358 final 13.7.2009).
Este seguimiento debería conducir a una imagen clara del estado de conservación real y sus tendencias e indicar la eficacia de la directiva. Todo ello en relación a los objetivos de conservación de cada Zonas de Especial Conservación, puesto que las ZEC tienen como finalidad alcanzar y mantener el “estado de conservación favorable” para los tipos de hábitats y especies que los integran.
De entrada, el que la directiva previera la realización de seguimientos periódicos resultaba ejemplarizante para ir construyendo una cultura político-jurídica del seguimiento y evaluación de las normas. La Directiva 92/43, hace especial hincapié en la vigilancia y el seguimiento obligatorias para los Estados miembro, complementándose esta disposición con el deber de evaluar las repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación (art. 17).
De la dicción literal del artículo destaca en primer lugar que el informe, y en consecuencia seguimiento, debe realizarse no sólo sobre las zonas de la Red Natura (ZECs, ZEPAs, corredores), sino que dicho informe debe incluir la evaluación de las medidas adoptadas en el estado de conservación “de los tipos de hábitat y especies contempladas por la directiva. Adviértase que no se refiere a todos los hábitats y especies de los anexos, y no sólo a los que hubiere en las ZECs (Las Zonas de Especial Conservación no engloban todos los hábitats y especies de los anexos, sino una muestra representativa en función de su valor de conservación o su totalidad si son hábitats o especies prioritarias). Todo ello hace que este seguimiento fuera muy dificultoso.
El informe es muy denso en detalles y ser una síntesis aparecen los datos agregados. En la web de la Comisión relacionan los informes nacionales de los países que los han hecho públicos. España no estaba entre esos países y el Informe específico de España no he sido capaz de encontrarlo.
El informe reconoce la falta de información que afecta a la exhaustividad y coherencia.
Una de las primeras cuestiones que destaca el Informe es la carencia de falta de exhaustividad por la falta de información del estado de conservación y la falta de coherencia por las diferentes formas en que se ha recopilado la información.
La falta de información es especialmente elevada en el caso de especies presentes en los países de Europa Meridional: en particular Chipre, Grecia, España y Portugal quienes clasificaron en la categoría de «desconocido» más del 50 % de las especies de sus territorios. Algo preocupante si tenemos en cuenta que las especies, sobre todo mamíferos y aves) han sido objeto de estudio primordial en las últimas décadas.
Lo mismo ocurre en el medio marino, en el que el 57 % de las evaluaciones de
especies marinas y alrededor del 40 % de las evaluaciones de hábitats marinos se clasificaron en la categoría de «desconocido».
Estado de los tipos de hábitats y especies incluidos en el anexo I y II de la Directiva de Hábitats
A nivel biogeográfico, alrededor del 65 % de las 701 evaluaciones de hábitats del anexo I fue desfavorable. Solo el 17 % de las evaluaciones de hábitats fue favorable.
En general, se realizaron 2 240 evaluaciones de especies distintas en toda la UE. Solo el 17 % de esas evaluaciones fue favorable, el 52 % fue desfavorable y en el 31 % de los casos el estado de conservación se clasificó en la categoría de desconocido
Se incide especialmente en dos tipos de hábitats muy afectados por los cambios, los afectados por los la intensificación de la agricultura (prados) y por cambios en el uso del suelo (costeros y humedales).
Los informes presentados por los Estados miembros ponen de manifiesto que el estado
general de los tipos de hábitats costeros, de prados y humedales es especialmente pobre. Los tipos de hábitats de prados están asociados principalmente a modelos de agricultura
tradicionales, que están desapareciendo en toda la Unión Europea. En general, el estado de conservación de todos los tipos de hábitats relacionados con la agricultura es mucho peor que el de otros tipos de hábitats. Mientras que en algunas zonas de la UE esto se explica por el paso a una agricultura más intensiva, en otras la razón subyacente del declive es el abandono de la tierra y la falta de gestión.
Los hábitats de humedales siguen transformándose para destinarse a otros usos del suelo y sufren también los efectos del cambio climático. Los hábitats costeros se ven sometidos a un presión cada vez mayor como consecuencia del desarrollo urbano.
Sin duda la mejora en el seguimiento periódico nos ayudará a valorar la eficacia de las medidas como la Directiva 92/43 y 79/409.
Fuente:
Informe de síntesis http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ES:PDF
Web de EIONET sobre el art. 17 D. 92/43: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
Más de lo mismo para la mejora de la normativa europea.
Más de lo mismo para la mejora de la normativa europea. La propuesta de la Comunicación sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria. Después de estas vacaciones, casi impuestas por el cierre del curso judicial, aunque bien aprovechadas para descansar, me gustaría retomar el pulso de la situación actual con una referencia a uno de los grandes problemas a los que se encuentra todo ciudadano y, sobre todo los que nos dedicamos al Derecho Público, la proliferación legislativa desbocada de nuestro sistema institucional. Más de una vez volveremos a esta cuestión de tanta importancia para la seguridad jurídica en un verdadero Estado de Derecho y muy alejado de aquella concepción del liberalismo decimonónico que consideraba las Leyes como las líneas maestras para la dirección de la sociedad, emanadas de la razón del sabio legislador. En un maremagnum de leyes y disposiciones reglamentarias, las instituciones europeas, a las que se refiere este comentario, siempre están demostrando (con éxito o no) que realmente están amparadas por la legitimidad técnica de sus propuestas. De ahí que las propuestas para el ejercicio de una mejor técnica legislativa se sigan con interés. A mediados de noviembre del 2008, la Comisión presentó la Comunicación sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria en el que hacía un repaso sobre la aplicación de la legislación en este ámbito. Este tipo de análisis es muy dado a procurar efectos terapéuticos en la mentalidad político-administrativa, por lo que si es un ejercicio intelectual interesante (o por lo menos debiera serlo porque se le han dedicado unos recursos por necesidad escasos) no debe caer en el olvido y servir de contraste para la actividad posterior. Sin embargo, parece que este documento incurre en la redundancia con otras comunicaciones de la propia Comisión. Propuestas para la mejora de la aplicación de la legislación ambiental comunitaria. Centrándonos en las propuestas, la Comunicación considera que la legislación ambiental comunitaria puede aplicarse mejor mediante una combinación de los siguientes elementos: 1) un trabajo legislativo y postlegislativo encaminado a prevenir las infracciones; 2) la respuesta a las preocupaciones concretas de la población europea; 3) un tratamiento más inmediato y exhaustivo de las infracciones más importantes; 4) la mejora del diálogo con el Parlamento Europeo; 5) la mejora de la transparencia, la comunicación y el diálogo con el público y las partes interesadas. 1) La aplicación efectiva de la legislación ambiental comunitaria se realizará mediante una combinación de medios. Utilizando las herramientas de la evaluación de impacto y la consulta, la elaboración de legislación se centrará en las maneras más eficientes de alcanzar los objetivos medioambientales. A continuación se trabajará para prevenir las infracciones ayudando a los Estados miembros a adoptar legislación nacional y regional y otras medidas que sean oportunas, completas y correctas. 2) De manera paralela, la Comisión tratará de atender las preocupaciones específicas de la población europea promoviendo respuestas a nivel nacional y regional, aplicando el mecanismo mejorado de resolución de problemas y ofreciendo en los Estados miembros sus conocimientos técnicos sobre legislación medioambiental, al principio con carácter experimental. 3) Se utilizará un conjunto de criterios para determinar qué infracciones exigen un nivel especial de atención, e incluso, cuando proceda, la solicitud de adopción de medidas provisionales al TJCE. 4) Se propone también mejorar el diálogo con el Parlamento Europeo, el público y las partes interesadas y, en su caso, perfeccionar a tenor de este diálogo los planteamientos de la Comisión. 5) Esta estrategia de combinación de instrumentos debería ayudar a la Comisión a lograr una mayor eficiencia y especificidad en su labor de promoción de la aplicación y el cumplimiento, a responder mejor a los ciudadanos y las partes interesadas y a superar mejor los desafíos que se plantean en los Estados miembros que se han incorporado recientemente y en los países candidatos. Valoración final. Después de la lectura de la Comunicación recuerda mucho a la música de otras iniciativas en torno al Libro blanco de la gobernanza europea y las comunicaciones sobre mejora de la elaboración de normas (COM(2002)275), simplificación y mejora del marco regulador (COM(2002) 278 final), y reforzamiento de la consulta y el diálogo (COM(2002)704).
A grandes rasgos el documento no parece aportar algo novedoso a lo ya expuesto en otros documentos anteriores. Tal vez sea este un ejemplo de las redundancias en las que tan fácil incurren este tipo de documentos. Si en el contexto del plan de acción para la simplificación de la normativa comunitaria ya se están elaborando comunicaciones al respecto -Segundo (COM(2008)32 final, 30.1.2008) y Tercer examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea (COM(2009) 15 final, 28.1.2009)- una nueva comunicación sin nada que aportar y redundante con lo que ya se está realizando debe evitarse. Aunque, dentro de una gran Administración ya sea a nivel comunitario, estatal o autonómico parece que esta es una práctica difícil de erradicar.
Comunicación sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria
COM(2008) 773 final,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0773:FIN:ES:PDF
Web de la comisión dedicada a la mejora de la regulación
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm
Democracia y ecologismo. Una lectura recomendable sobre ecologismo y pólítica verde.
Democracia y ecologismo. Una lectura recomendable sobre ecologismo y pólítica verde.
Hace unos días terminé de leer un sugerente libro sobre el ecologismo de Manuel Arias Maldonado, “Sueño y mentira del ecologismo. Naturaleza, sociedad, democracia”. En sí es un buen formulado repaso de las cuestiones que mantienen un germen de autoritarismo al enraizar las propuestas sociales en dogmas morales.
Siendo ese el planteamiento, lo cierto es que realmente es difícil encajar las críticas de Manuel Arias en el ecologismo que conozco, muy ligado a la dinámica democrática. A pesar de este pequeño matiz el libro es muy recomendable por lo bien fundamentado de su desarrollo en torno a la construcción social de la naturaleza y la necesidad de una política liberal verde.
La construcción social de la naturaleza es un fenómeno que ha sido profundamente utilizado para explicar la formación de la cultura de la sociedad (Berger y Luckman) y de la religión (Berger)
Manuel Arias la aplica a nuestra percepción de la naturaleza, partiendo de que la naturaleza virgen es un idea cultural nacida y extendida en el curso de la interacción entre sociedad y naturaleza (pág.49). “La realidad objetiva de la naturaleza está sometida a la apropiación y reformulación social, tanto física como culturalmente […], ese mundo únicamente posee una independencia relativa respecto a la sociedad, por estar sometido a la apropiación humana y a toda clase de mediaciones culturales.” “De esta manera, la relación humana con la naturaleza está mediada siempre por un contexto histórico-social; su apropiación directa es imposible. Toda concepción de la naturaleza refleja los principios y las prácticas dominantes de la sociedad que la formula.” (pág. 37)
Las miradas diferentes sobre qué conservar del medio natural, es perfectamente aplicable a las tendencias sobre la protección sostenible de Espacios Protegidos. Desde las primeras declaraciones de espacios, enraizadas en la mentalidad romántica, de carácter estético cuyo objeto era mantener aquellos paisajes característicos donde la naturaleza se manifiesta libre de injerencias humanas, hasta la actualidad en la que tanta importancia tienen los procesos ecológicos que se producen dentro y fuera de los espacios y más allá de la preservación de una imagen agradable.
Volviendo al libro Sueño y mentira del ecologismo se destaca que la comprensión del entorno por parte de la sociedad, siempre se realiza a través de la cultural. “Mientras el mundo es una entidad real y objetiva, nuestro conocimiento del mismo está sometido a un conjunto de mediaciones y filtros culturales, históricos y sociales, que nos impiden acceder directamente a la naturaleza tal como es. Las distintas categorías culturales y valores vigentes en cada momento histórico dan lugar a divergentes construcciones de lo natural, a consecuencia de lo cual no hay una naturaleza única y sustancial, a la que se pueda acceder al margen de las mediaciones de la cultura humana. Hay un mundo no humano real y autónomo desde luego, pero no podemos conocerlo de primera mano, sino a través de nuestros conceptos y simulaciones.” (pág. 52).
“Es necesario combinar los aspectos materiales, culturales y simbólicos, porque todos ellos forman parte del más amplio proceso de construcción social de lo natural mediante el que la sociedad se apropia del entorno, humanizando la naturaleza hasta convertirla en su medio ambiente.” (Pág. 66)
“El enfoque constructivista subraya el carácter social de los límites naturales. Y así apunta hacia su dependencia del conjunto de definiciones y prácticas sociales que hace posible su constante redefinición, mediante la transformación del sistema social y de sus interacciones con el medio.” Pág.58
Las distintas aproximaciones sociohistóricas a la naturaleza hacen que esta no sea una fuente de la que se pueda extraer normas directamente aplicables a la sociedad, ni que sea un ente moral que imponga o justifique por sí misma soluciones concretas. Siempre será imprescindible legítimamente la construcción social también de la respuesta de la sociedad ante los problemas ambientales. “Afirmar la condición sociohistórica de la naturaleza supone discutir abiertamente que se pueda convertir a la misma en fuente de extracción normativa,, o defender su autonomía axiológica –porque no resulta ya tan claro que posea el consabido valor intrínseco que los verdes le atribuyen” (pág. 60)
Esta relación de ideas desemboca en la sostenibilidad qué tratamiento debe dársele en las democracias actuales, ya que “decidir sobre la sostenibilidad es decidir sobre conflictos de valor. Ni el velo tecnocrático de la gestión ni el recurso dogmático a la ideología pueden cambiar esto. Dahí que la sostenibilidad sea, de hecho, una arena política de conflicto.” (Pág. 157). “La radical incertidumbre de la sostenibilidad, la apertura de su definición, invalida todo enfoque puramente tecnocrático. La sostenibilidad es, en este sentido y merced a su carácter normativo, un proceso de construcción social.” (Pág. 179)
“El énfasis en la condición normativa y abierta de la sostenibilidad no puede conducir al descrédito de la función de los expertos, cuyo concurso es indispensable. Pero las evaluaciones de los expertos no carecen de juicios de valor. La ausencia de un monopolio de la verdad objetiva obliga a crear los mecanismos institucionales necesarios para facilitar el contraste entre distintos juicios expertos.” (pág. 183)
Como habéis comprobado el razonamiento está lleno de matices y en no pocas ocasiones requieren una reflexión para reordenar ideas por el contraste que supone. Se han extractado sólo un pequeña muestra intentando que el desarrollo sea coherente, pero el libro aporta mucho más y un razonamiento hasta sus últimas consecuencias. Es una buena lectura sesuda para este verano.
Manuel Arias Maldonado
Sueño y mentira del ecologismo. Naturaleza, sociedad, democracia
Editorial Siglo XXI, Madrid, 2008 (321 páginas)
La actuación de la Administración ambiental en los Informes del Defensor del Pueblo
La actuación de la Administración ambiental en los Informes del Defensor del Pueblo
25 de junio de 2009
Un concepto fundamental en nuestro sistema político es el “interés general” y la determinación de quien y de qué forma se delimita.
Desde el punto de vista constitucional son claras las reglas y principios que establecen el Estado Democrático de Derecho, orientado a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 Constitución Española)
Por otro lado y desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas las instituciones que es clave para dar forma a los intereses percibidos de la ciudadanía y grupos de presión (medios de comunicación mediante).
Siendo cierto este marco teórico, su aplicación en el ámbito medioambiental muestra también nos indica que todavía hay mucho camino a recorrer para poder afirmar que somos una democracia avanzada. El día a día nos muestra que el marco institucional y las reglas que se siguen son muy opacos y responden a intereses muy a corto plazo e independientes de lo que podría definirse como interés general.
Tampoco se pueden dejar de lado que muchas disfunciones se deben a la dejadez en el ejercicio de las funciones públicas, causadas por el la escasez de técnicos especialistas, procedimientos burocráticos, excesiva departamentización de funciones, descoordinación de competencias territoriales, etc… Estas disfunciones que afectan a una miríada de asuntos cotidianos son tan graves con los grandes proyectos puntuales en los que el interés general se ve orientado para no serlo tanto.
En todo esto redunda los últimos Informes del Defensor del Pueblo que anualmente presenta a las Cortes Generales. Espero que valgan los siguientes extractos para animar a prestar atención a esta figura que tan importante puede ser para la defensa de los derechos y libertades.
- Informe relativo al 2007:
http://www.defensordelpueblo.es/InformesAnuales/informe2007.pdf
“En los últimos años viene insistiendo esta Institución en la necesidad de que la Administración pública cambie sus parámetros de actuación en materia de medio ambiente; pues si bien los poderes públicos están sujetos al imperio de la ley, no dejan por eso de tener un margen amplio de valoración de las actividades, sean ‘productivas’, sean ‘de ocio’, cuando llega el momento de autorizarlas, prohibirlas, comprobarlas o sancionarlas.
La Administración pública sigue separando la economía productiva (competencia de los departamentos de agricultura, obras públicas, energía, industria) de la economía de los recursos naturales (competencia de los departamentos de medio ambiente), como si aquélla fuera un mundo autónomo y principal y éstos fueran dados y gratuitos. Se confunde así una división departamental del trabajo, que puede tener sentido en los inicios de una nueva mentalidad donde el medio ambiente aparece con fuerza en la legislación, con el deber constitucional que corresponde a todos de velar por la conservación del medio (artículo 45 de la Constitución). El motivo conductor de los diferentes apartados que siguen es la lejanía de las administraciones, en las quejas que se recogen, respecto del cumplimiento correcto de este deber general.”.
(Págs. 969-970)
- Informe relativo al 2008:
http://www.defensordelpueblo.es/documentacion/informesanuales/informe2008.pdf
“En el curso de las investigaciones sobre esta materia se hace bien patente el carácter compuesto del Estado, ya que en su mayoría requieren indagar en más de un nivel de gestión territorial, sea local, autonómico o general. Es importante señalar que todos los órganos y niveles administrativos están implicados en la protección del medio ambiente, con independencia de que algunos de ellos asuman específicamente la competencia sobre las decisiones últimas en materia medioambiental. Como ya se ha manifestado en anteriores ocasiones, no resulta acertado identificar el cuidado del entorno con las funciones concretas de los órganos ambientales, ni tampoco impulsar una legislación ambiental desconectada del resto del ordenamiento sustantivo, como si la regulación de las intervenciones y proyectos sobre el territorio y el entorno no debiera ocuparse de la protección del medio ambiente sobre el que impacta.
[…] el ordenamiento indica otra cosa bien distinta, puesto que, en efecto, la decisión última respecto a la viabilidad ambiental corresponde a los órganos ambientales, pero todas las administraciones son igualmente responsables de hacer cumplir y se encuentran vinculadas por la normativa medioambiental.
[…] La actividad económica impacta necesariamente en el medio y la división funcional y orgánica de atribución de competencias administrativas no divide de igual manera los problemas reales, como si pudieran ser tratados y resueltos por separado. […]
En otro orden de asuntos, se han detectado ciertos casos en los que se llega incluso a obstaculizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, mediante la utilización innecesaria de trámites que dilatan deliberadamente los procedimientos. […]
En otros casos, se ha observado que la Administración opta por una especie de “inoperancia activa”, consistente en la adopción de una serie de actos, incluidas inspecciones in situ, que no conducen a decisiones y que por el mero transcurso del tiempo caducan o devienen inútiles. Otro supuesto de disfunción se presenta por las dificultades para el acceso a los expedientes sancionadores, produciéndose en ocasiones una infracción de las garantías procedimentales elementales y, por tanto, de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración (artículos 3.5, 35, 37 y 135 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 3 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora).
(Págs. 864- 867)
“En los últimos años el concepto de desarrollo sostenible emerge como elemento fundamental de la planificación urbana. Esta Institución considera sobre este particular que es preciso utilizarlo no dando por sentado que todo desarrollo es sostenible ni que en todo y siempre ha de haber desarrollo, o bien admitiendo que es también desarrollo preservar masas arbóreas de excavaciones y obras de cimentación. Por tanto el desarrollo como la sostenibilidad son bidireccionales y el concepto de los dos términos fundidos no puede aplicarse en sentido único.
Ahora bien, aceptándolo como herramienta, es una necesidad reconocida aplicar el concepto desarrollo sostenible como parte integral del planeamiento y del desarrollo urbano. Las consideraciones ambientales deben ser integradas en los procesos de toma de decisiones en los niveles de formulación de políticas, planes y programas. La mejora de la calidad del medio y la protección del patrimonio urbano y del entorno histórico y cultural dentro y fuera de las ciudades, deben perfilarse hoy como objetivos insoslayables que deben guiar la planificación urbanística. Sin embargo, lamentablemente, no siempre es así. En 2008 ha habido quejas individuales y colectivas precisamente por crecimientos que califican de desorbitados y actuaciones urbanísticas “desarrollistas” propias de un modelo de ciudad no sostenible. En estos supuestos las administraciones urbanísticas actuantes suelen ampararse en la autonomía municipal para justificar la decisión planificadora. Pero la potestad discrecional en que consiste la planificación del territorio no puede quedar exenta de control. El margen de apreciación que la ley otorga a la Administración mediante esta discrecionalidad, no es ilimitado ni significa que el planificador pueda planificar libremente, pues tiene impuesta una serie de limitaciones, entre ellas las que derivan directamente de la ley, urbanística y sectorial.
(Págs. 907, 908)
Sentencia Biblioteca El Prado Sevilla
Sentencia Biblioteca El Prado Sevilla. Revisión de una mala ponderación entre intereses públicos en conflicto.
He conocido la sentencia que cuelgo en Documentos. Anula una resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía que aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, en lo referente al proyecto de construcción de la nueva Biblioteca Central Universitaria en parte de los terrenos actualmente ocupados por elParque del Prado de San Sebastián.
La Sala determina que la calificación de equipamiento de uso educativo del frente oriental del Parque o Jardines del Prado de San Sebastián que determina el emplazamiento de la Biblioteca Central de la Universidad, infringe varios artículos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la doctrina jurisprudencial referente a los límites de la potestad de variación del planeamiento urbanístico y a las exigencias de protección del medio ambiente.
Es muy interesante el razonamiento y la ponderación de los intereses en juego.
Entrevista Angel Nuñez, Coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía
ENTREVISTA: ÁNGEL NÚÑEZ Coordinador de fiscales de Medio Ambiente
"Las medidas llegan tarde"
25/05/2009 EL PAÍS
Ángel Núñez dejará pronto su puesto de fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, desde el que coordina al resto de compañeros de Andalucía, para dedicarse temporalmente al asesoramiento para la reforma del Código Penal. Durante años ha sido el azote de administraciones, jueces y particulares contra el urbanismo ilegal.
Pregunta. ¿Cómo se encuentra la Fiscalía que abandona?
Respuesta. Esta Fiscalía sufre una pertinaz falta de medios, sobre todo, de personal. La de Cádiz es una Fiscalía tremendamente compleja con cuatro unidades, Ceuta, Cádiz, Algeciras y Jerez, cada una de las cuales es más grande incluso que la de otras capitales. Y eso resulta complicado de trasladar a los que tienen que hacer las dotaciones de medios. Se suple con una enorme dedicación y horas y horas de trabajo.
P. La Junta ha puesto en marcha un plan de inspección con la colaboración de los ayuntamientos. ¿Es el camino correcto?
R. Sí. La necesidad de imponer la disciplina urbanística es absolutamente perentoria y para imponerla lo primero que hay que saber es cuál es la situación y trazar un mapa de la ilegalidad. Hasta ahora se avanzaban cifras muy dispares pero no se ha realizado el inventario que se está realizando ahora.
P. ¿Se llega a tiempo?
R. No. Se ha llegado tarde por una conjunción de factores: ha habido desidia municipal para aplicar las competencias que contiene la ley; han faltado órdenes judiciales de demolición; se han antepuesto intereses electorales, incluso con momentos de corrupción. Las medidas llegan tarde pero había que hacer algo. Es una situación irreversible pero hay que ponerle coto y decir de ahora en adelante no va a volver a suceder.
P. ¿Y cuál ha sido el papel de la Fiscalía?
R. Hemos conseguido un doble objetivo: que los tribunales hayan ido atendiendo nuestros planteamientos y que la sociedad tome conciencia de que las víctimas de los delitos urbanísticos somos todos. Es la sociedad la que se debe movilizar para ir en contra de estos comportamientos, frente a los grupos de presión que tratan de influir en los ayuntamientos.
P. Ahora va a participar en la reforma del Código Penal. Casos como el de Marta del Castillo han avivado el debate sobre el endurecimiento de las penas, incluso el de la cadena perpetua. ¿Esa presión influirá?
R. Me aventuro a decir que no. Cuando se producen hechos de esa magnitud y cuando se les da mucho relieve, no exento de amarillismo, la reacción popular es lógica. Pero considero que el agravamiento de las penas no conduce a una mayor eficacia del derecho penal. Lo que hay que hacer es dotar de medios a la justicia para que responda de una manera más rápida y eficiente
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/medidas/llegan/tarde/elpepiespand/20090525elpand_6/Tes
ENTREVISTA: ÁNGEL NÚÑEZ Fiscal de Medio Ambiente
"La corrupción es contagiosa"
PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 20/06/2008
Ángel Núñez (Sevilla, 1960) ejerce como coordinador de la red de fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Su última advertencia ha sido a los alcaldes que no comunican, como exige la ley, los indicios de delitos.
Pregunta. ¿Qué ocurre con los ayuntamientos? ¿Por qué los fiscales andaluces en sus memorias han arremetido contra ellos?
Respuesta. No es un problema específicamente andaluz. Por muy diferentes razones, los ayuntamientos hacen dejación de funciones de sus facultades de disciplina urbanística. No se tramitan, no se resuelven y no se ejecutan sobre todo los expedientes de restablecimiento de la legalidad.
P. ¿Y a qué atribuye esa actitud?
R. Hay supuestos de falta de medios, aunque podrían recurrir a las diputaciones. Otras veces no quieren asumir el coste electoral que conllevan las medidas sancionadoras. En otros casos, y a la vista está, hay corrupción.
P. ¿Cómo analiza lo que está ocurriendo en Estepona? ¿Podría haber más casos similares en otras provincias?
R. La realidad demuestra que las conductas delictivas se trasladan con facilidad de unos territorios a otros. El fenómeno de la corrupción es especialmente contagioso, en la medida que no se le ponga coto. Nosotros no hemos detectado fenómenos de la entidad cualitativa y cuantitativa de Málaga pero es importante que los cuerpos de seguridad del Estado tengan los medios suficientes para llegar a tiempo. La Guardia Civil y la policía autonómica están muy por debajo de sus necesidades. Tienen que suplirlo con dedicación y sacrificio.
P. ¿Esa falta de medios policiales puede provocar que no se detecten nuevos casos?
R. El caso Obra Nueva de Chiclana es un ejemplo de eso, una conducta que estaba muy generalizada pero que, por falta de investigaciones, no se había dado a conocer. En algunos casos, ya hemos llegado tarde porque ha prescrito.
P. Hay quien acusa a la Junta de no actuar con diligencia para evitar casos como el de Estepona. ¿Está de acuerdo?
R. Yo no estoy de acuerdo con que se atribuya esa responsabilidad a la Junta de Andalucía. El reparto de competencias que establece la legislación andaluza y estatal en materia urbanística no organiza una relación jerárquica de las comunidades autónomas con respecto a los ayuntamientos, son repartos horizontales. Y en ese sentido, las facultades de inspección respecto a los ayuntamientos son limitadas.
P. ¿Habría que quitar competencias a los ayuntamientos?
R. No. La autonomía local es compatible con la creación de instancias de control y de inspección. No se trata de extraer competencias sino someter esas competencias a los necesarios controles externos. El que actúa no se debe controlar a sí mismo.
P. ¿Y qué se puede hacer?
R. Los instrumentos legales de inspección a los ayuntamientos son insuficientes. Los que se regulan en la ley de ordenación urbanística se han revelado como defectuosos ante delitos de esta naturaleza y habría que mejorarlos. De lo que se trata es que cualquier actuación de las corporaciones locales que suponga la modificación de suelo o convenios urbanísticos cuenten con una instancia externa que permita de forma temprana controlar su adecuación a la legalidad. Porque muchas veces cuando se examina es demasiado tarde.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/corrupcion/contagiosa/elpepiespand/20080620elpand_6/Tes
[Noticia] NUEVO MARCO LEGAL
El Mundo
9/06/09
Por Pedro Cáceres
La Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobada en 2007, reconoce por primera vez la custodia del territorio como una figura de conservación en España. Es un espaldarazo para este tipo de iniciativas, que aunque están implantadas en países anglosajones hace más de un siglo, apenas llevan una década abriéndose camino en España. La custodia del territorio, o el land stewardship por su nombre en inglés, es una estrategia de conservación que promueve la firma de acuerdos voluntarios entre los propietarios de terrenos y las entidades llamadas de custodia para promover una gestión de las fincas que permita explotarlas, pero manteniendo su riqueza natural. Las entidades de custodia son organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen apoyo material y asesoría científica y legal a los dueños de las fincas.
Los propietarios se benefician de este respaldo y además pueden lograr mejoras materiales, como el acceso a subvenciones públicas ligadas al medio ambiente o trabajos de mejora ambiental en sus terrenos que son positivos también para la producción. Según Carlos J. Durá, de la Cátedra UNESCO de Territorio y Medio Ambiente, en España hay unas 350 entidades de custodia que actúan sobre un millón de hectáreas. La ley de 2007 reconoce la custodia y propone fomentarla. Sin embargo, deja en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de ese apoyo público.
Ninguna comunidad se ha puesto a la tarea todavía, aunque la propia ley indica que deben incentivar «las externalidades positivas de los acuerdos de custodia del territorio». Durante las I Jornadas de Custodia del Territorio de la Comunidad de Madrid, organizadas por la consejería madrileña y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, algunos ponentes plantearon que los propietarios de fincas custodiadas deberían ser recompensados por la sociedad por medio de desgravaciones fiscales, siempre que una especie de auditorías ambientales basadas en indicadores demostraran que su gestión está siendo positiva para la biodiversidad del terreno.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/08/ciencia/1244483342.html
[Noticia] Protección de espacios, no de especies
Protección de espacios, no de especies
El Mundo
9/06/09
Miguel G. Corral
La conservación privada no tiene en España el arraigo que tiene en lugares como Inglaterra o Francia. Aunque comienzan a desarrollarse iniciativas interesantes de conservación por parte de propietarios privados o realizadas con fondos de empresas, aún son pocos los ejemplos que podemos encontrar de este tipo de protección, y más si no se trata de grandes parques nacionales o de conocidas especies emblemáticas.
Prueba de ello es la atención que recibe en España el patrimonio botánico y sobre todo las plantas pequeñas, como las orquídeas silvestres. «El problema de las orquídeas en nuestro país es que son hierbas, eso te dicen cuando tratas de preservarlas, no interesan», dice Rubén Velázquez, biólogo experto en orquídeas y vocal del Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas (Gecor).
Mientras en EEUU la organización de propietarios privados Land Trust Alliance gestiona 600.000 hectáreas en propiedad, y en Gran Bretaña The National Trust posee más de 1.000 kilómetros de costa, en España el Gecor no ha sido capaz de encontrar patrocinadores que aportasen suficientes fondos para comprar y proteger menos de cuatro hectáreas de un olivar abandonado cerca de la central nuclear de Almaraz en el que hay más de 20 especies de orquídeas silvestres ibéricas, una de las cuales ('Ophrys almaracensis'
Sin embargo, algunas administraciones sí están maduras para acometer este tipo de actuaciones de protección de espacios para preservar especies. Es el caso de la vigilancia a la que se ven sometidas las plantas de la zapatilla de dama ('Cypripedium calceolus') durante la floración en Formigal o de la figura de Microrreserva que creó hace años la Comunidad Valenciana precisamente para preservar pequeños espacios ricos en una o en varias especies importantes.
Atención desigual
Desgraciadamente no todas las administraciones tienen el mismo interés ni todas las especies corren la misma suerte. «El caso del olivar de Almaraz es paradigmático, periódicamente pasa uno de los propietarios a echar herbicida sobre un terreno abandonado que hace años que no se utiliza para producir y, además, los pastores de la zona pasean por allí sus rebaños en la época de floración de especies muy amenazadas», cuenta Velázquez. «Pero algunos años la Junta de Extremadura pone vigilantes durante los fines de semana para que los visitantes no se lleven ejemplares de las orquídeas. Es absurdo». En años anteriores había vigilantes en el campo para asegurarse de que nadie se llevaba las plantas, pero en 2009 los miembros del Gecor aseguran que no había nadie por allí en plena época de floración.
Tras los intentos fallidos de protección privada, el grupo de conservación de las orquídeas ha optado por las tácticas tradicionales de presión a los ayuntamientos. No todas las batallas terminan en éxito, pero en algunos casos, como el de 'Orchis robusta' en Mallorca, se ha conseguido el objetivo.
Se trata de una especie de orquídea de más de un metro de altura ligada a ambientes húmedos, por lo que en la isla balear ha ido desapareciendo poco a poco con el paso del tiempo. Uno de los escasos lugares en los que aún quedan poblaciones es un humedal del pueblo de Son Bosc, justo en un emplazamiento que linda con el parque natural de S’Albufera de Alcudia y en el que el Ayuntamiento ha hecho una concesión para que se construya un campo de golf.
En este caso, las presiones de los ecologistas del Grupo Ornitológico Balear (GOB) y del Gecor han terminado por conseguir un acuerdo oficial para mover 100 metros la valla del campo de golf y así preservar esta población de 'Orchis robusta'.
Sin embargo, existen otros casos en los que los compromisos de protección no son oficiales y los terrenos en los que crecen determinadas especies están seriamente amenazados por la presión urbanística. En el pueblo de Coín (Málaga) crece otra de las orquídeas más raras y amenazadas de España: la norteafricana 'Ophrys atlántica'. Tras la presión de los ecologistas, el Ayuntamiento se comprometió a protegerla, pero de momento todo se ha quedado en palabras.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/08/ciencia/1244483342.html
[Noticia] La custodia y la iniciativa privada aterrizan oficialmente en España
El Mundo
Tana Oshima | Madrid
martes 09/06/2009
Así lo considera también Europarc-Españ
Actualmente contamos en España con 14 parques nacionales (el 5% de la superficie de España) y 157 parques naturales (el 53% de los espacios protegidos). Los primeros son «la joya de la corona», lugares prístinos que no han sido intervenidos por el hombre. Los segundos, en cambio, son paisajes modelados por los humanos y es donde está «el futuro y el desarrollo sostenible», en palabras del presidente de Europarc-Españ
Estilo anglosajón
Si las leyes de protección del medio de 1974 y, sobre todo, de 1989 dispararon el número y la superficie de estos parques en nuestro país, ahora ya no queda tanto que demarcar y la protección es a menor escala (reservas, parajes, etc.). A cambio, se verá reforzada por una mayor interactividad entre los gestores de estos espacios protegidos y la sociedad.
La mayor sorpresa del nuevo plan quinquenal reside en dos fórmulas de conservación novedosas en España: la custodia del territorio, que consiste en la gestión de un espacio público por parte de ONG o entidades privadas, y la iniciativa privada «al estilo anglosajón», cuyos mejores ejemplos los dan los terratenientes que ceden o compran tierras para su buena gestión. Prácticas que llegan a España con un siglo de retraso.
«Buscamos impulsar reservas concertadas, es decir, territorios privados que permitan una gestión o una inversión pública», explicó Castro Nogueira. Pero, además, difundir el conocimiento sobre la estrecha relación entre los espacios protegidos y el bienestar humano. Más aún cuando los 6,3 millones de hectáreas protegidas en España pasarán a ser 14 millones cuando se incorporen los Lugares de Interés Comunitario (LIC). España se convertirá, así, en el país con más espacios protegidos de Europa. Las cifras de visitantes también son enorgullecedoras: 36 millones al año.
Enlazando con la conservación privada, se buscará continuar potenciando el desarrollo rural dentro de los límites de los espacios protegidos. Europarc-Españ
Fuente: Diario El Mundo 9.6.09
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/08/ciencia/1244484778.html
A modo de presentación.
Mi trayectoria personal y laboral está vinculada al ámbito jurídico como fenómeno político-social. Mi profesión, como habréis intuido es la de abogado. En ejercicio desde 1998, realizo las funciones habituales de asesoramiento, representación y defensa en juicio. Esto me ha derivado poco a poco a una percepción más exigente de lo que el Derecho representa. Y a tener una preocupación sobre los aspectos teóricos y a profundizar en la búsqueda de respuestas a los problemas actuales.
En paralelo a mi profesión, me fui interesando más profesionalmente por la conservación de la naturaleza y los medios políticos y jurídicos que inciden sobre ella. En 2005 finalicé la tesis doctoral sobre la conservación de los espacios protegidos en la Unión Europea, La Red Natura 2000. Y en 2007 cursé el Master de Espacios Naturales Protegidos de la Fundación González Bernáldez.
Gracias a esta especialización, al ser docente ocasional de Derecho Administrativo, secretario de la Asociación Territorios Vivos y socio activo de otras organizaciones ecologistas de ámbito nacional (WWF España y Ecologistas en Acción), han hecho que el Derecho medioambiental sea un ámbito en el que ejerzo gran parte de mi actividad como abogado o ciudadano preocupado.
Espero que las "impresiones" que intercambiemos, nos ayuden a tener información veraz que nos permita convertir en conocimiento y contribuir como individuos en la búsqueda de soluciones.
Un cordial saludo,
